Lucha contra el Fraude fiscal
En los últimos meses el Congreso ha aprobado una serie de normas para reforzar la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Concretamente, se hace mención expresa de la prihibición del uso de los software utilizados para una » doble » contabilidad en las empresas.
Los software de doble uso son programas contables que se utilizan para rebajar la facturación real de las empresas, ocultando así los ingresos reales para minimizar los pagos fiscales. Es la conocida » caja B «, una contabilidad paralela a la real ajena a la Agencia Tributaria.
Este tipo de programas lleva utilizándose desde hace años, de modo que las arcas del Estado han salido perjudicadas al no recaudar por estos ingresos ocultos. Se exige ahora también que los programas utilizados para la contabilidad se ajusten a los requisitos para garantizar la veracidad de las operaciones comerciales.
Además de esta, se han aprobado otras medidas en la lucha contra el Fraude:
– Prohibición de la aprobación de amnistías fiscales, las cuales permiten regularizar patrimonios no declarados en condiciones más ventajosas que si hubieran tributado de manera habitual y normal
– Se permite perseguir los comportamientos inadecuados de las grandes empresas, a fin de evitar la planificación fiscal abusiva. Se fijan también actuaciones para reducir la litigiosidad con los contribuyentes y fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
– Creación de una lista de deudores a la Hacienda Pública, que incluye deudores principales y responsables solidarios. El importe de la deuda tributaria para entrar en este listado se ha reducido de un millón de euros a 600.000 euros.
– Se rebaja el límite de los pagos en efectivo de los 2.500 euros a los 1.000 euros cuando las empresas realicen operaciones entre si.
– Obligación de informar sobre la tenencia y operativa con monedas virtuales, tanto situadas en España como en el extranjero si afecta a contribuyentes españoles., a través del modelo 720.
– Revisión de las jurisdicciones que integran la lista de paraísos fiscales.
– Las inspecciones de la Agencia Tributaria en el domicilio de un contribuyente requieren el consentimiento del obligado tributario o una autorización judicial, la cual debe ser justificada e incluir su finalidad, necesidad y proporcionalidad.
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